Etiopía y un largo camino hacia la democracia

Etiopía comenzó en abril de 2018 un arduo, pero estimulante camino: el de su transición hacia la democracia. Las revueltas que se venían produciendo a lo largo del país, lideradas por los oromos (el grupo étnico mayoritario del país) se saldaron con la renuncia del, hasta entonces, Primer Ministro Hailemariam Desalegn. El joven político Abiy Ahmed tomaba su relevo y se convertía en el primer líder oromo en ocupar dicho cargo.

El recién nombrado Primer Ministro pretenderá instaurar un proyecto nacional que fuese más allá de las diferencias étnicas. Su objetivo primordial, además de iniciar un proceso de transición hacia un sistema democrático liberal, será el de construir un proyecto inclusivo en el que todos los etíopes sean capaces de encontrar su lugar, más allá de su etnia.

Ánimo conciliador que se ha encontrado no con pocos obstáculos, y que han acabado por erosionar la propia imagen del presidente. La posición no participativa e intransigente de las fuerzas políticas del país amenaza con arruinar los grandes esfuerzos llevados a cabo en los últimos dos años, ¿en qué lugar se encuentra el proceso etíope? ¿Cuáles son los principales retos a los que debe hacer frente?

La constitución de la República Federal Democrática de Etiopía considera la etnicidad un elemento crucial en la vertebración del Estado. La Carta Magna, aprobada en 1994, reconoce, incluso, el derecho a la secesión. De este modo, y puesto que el federalismo etíope es de carácter étnico y no territorial, la República Federal se divide en diez Estados federados en función de los grupos étnicos: Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Harar, Oromia, Pueblos y Naciones del Sur, Región Somalí, Tigray y Sidama, creado en el año 2019 tras la celebración de un referéndum. Asimismo, Addis Abeba y la ciudad de Dire Dawa tienen un estatus especial. 

Los grupos étnicos y su encaje en la configuración del proyecto etíope han supuesto, históricamente, un elemento de fricción y enfrentamiento. Desde el derrocamiento del régimen marxista en 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) ha sido la coalición gubernamental que ha ejercido de forma continuada el poder. El EPRDF coaligaba a algunos de los movimientos políticos de corte étnico presentes en Etiopía. Y formaban parte de él la Organización Democrática del Pueblo Oromo (OPDO), actualmente conocido como Partido Democrático Oromo (OPD), y el Movimiento Democrático Nacional Amhara -ANDM-, hoy Partido Democrático Amhara). Asimismo, también incluía al Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), que, a pesar de representar a un grupo étnico minoritario dentro del Frente, dominaba tanto la coalición como las posiciones de mayor relevancia en el gobierno. 

Como consecuencia del modo en que estaba constituida, esta coalición no hizo sino contribuir a la represión ejercida por parte de las etnias con mayor poder sobre las más oprimidas. Obtuvo provecho de los conflictos interétnicos, llegando a agudizarlos y perpetuarlos. Así las cosas, los sucesivos gobiernos utilizaron la fuerza y la legislación represiva para sofocar los disturbios étnicos, forzando un sentido de cohesión nacional que acabaría con el estallido de protestas masivas años más tarde, y un nuevo gobierno. A partir de 2018, el EPRDF se trasformará en un partido unitario, el Prosperity Party, precisamente de la mano de Abiy Ahmed, con el objetivo de poner fin al dominio histórico que ejercía la minoría étnica trigiña en las posiciones de poder. 

Abiy Ahmed comenzó un proceso de transición hacia la democracia auspiciado por su filosofía de reconciliación nacional -o medemer-. Provocó la liberación de miles de presos políticos, levantó el estado de emergencia que confería poderes absolutos al ejecutivo, restableció libertades individuales e introdujo criterios de paridad en su gabinete. Además, junto con el presidente eritreo, declaró el fin del estado de guerra entre ambas naciones, restableciendo relaciones diplomáticas tras un conflicto que se remontaba al 2000. Este ánimo unificador le valdrá a Abiy Ahmed la obtención del Premio Nobel de la Paz en 2019. Dicho galardón, en palabras del Comité noruego del Premio Nobel, pretendía reconocer a Abiy Ahmed su decidido impulso para la resolución de los conflictos fronterizos entre Eritrea y Etiopía, las importantes reformas sociales que estaba llevando a cabo en el plano doméstico y su compromiso con la democracia. De igual modo, se le reconocía su implicación en otros procesos de paz en la región.

 Ver: The Ethiopia-Eritrea Border Conflict and the Role of the International Community

Medemer puede ser traducido en amhárico (la lengua mayoritaria en Etiopia) como adición, también puede entenderse como unión. Este es el término que utilizó Abiy Ahmed para conceptualizar su visión con respecto a la realidad etíope. Más allá de negar las diferencias, esta filosofía pretende ponerlas en valor y conseguir compromisos y puntos de vista comunes. Abiy Ahmed pretendía con su Medemer generar en Etiopía un proyecto nacional inclusivo. Amparado por su amplia popularidad, el presidente y su gobierno tenían como misión construir un sistema político que dejase a un lado las diferencias étnicas y los episodios de violencia para poder revertir situaciones de opresión y discriminación histórica.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial provocado por los cambios introducidos a partir de 2018, la filosofía detrás de las propuestas de cambio para Etiopía ha sido objeto de grandes críticas. Se le acusa de ofrecer un diagnostico demasiado inocente de las dinámicas propias de la sociedad etíope y querer llevar a cabo reformas de gran calado sin un plan específico y sin medir las consecuencias que podría conllevar una actuación demasiado precipitada. 

Ver:  Can Ethiopia’s Reforms Succeed?

Por su parte, la etnia Tigray, habiendo sido desbancada de las posiciones de mayor influencia y poder que históricamente había ocupado, amenaza con desgastar la coalición de gobierno. De hecho, las discrepancias internas ya han comenzado a erosionar el monopolio estatal sobre el uso legítimo de la fuerza, abriendo la puerta a una espiral de violencia por motivos étnicos en gran parte del país. En definitiva, se observa que las divisiones étnicas y políticas presentes en la sociedad etíope poseen raíces profundas y responden a problemas estructurales a los que aún no se ha sabido dar respuesta por parte del gobierno actual. Entre ellos, figuran las narraciones conflictivas sobre la historia de Etiopía, un proyecto federal vacío y las tensiones sobre la distribución de poder entre el gobierno central y los regionales. 

Se observan en el Estado señales de retroceso, particularmente en materia de democracia y seguridad. El país ha vivido en los últimos tiempos una exacerbación del etnonacionalismo, que ha supuesto un aumento severo de la conflictividad social y la violencia intercomunal. Las reformas emprendidas por el gobierno han acabado por acrecentar las expectativas de las reivindicaciones territoriales y de mayor representación por parte de algunos grupos étnicos. Lo que no ha ayudado a calmar la delicada situación del país africano, más bien, todo lo contrario, han contribuido al clima de tensión y desestabilización. 

El gobierno tampoco ha colaborado en la tarea de descender los niveles de enfrentamiento dentro de la sociedad. Se han repetido respuestas desmedidas en relación al mantenimiento del orden público y la seguridad, que han conllevado acciones de intimidación y detenciones masivas de civiles, políticos de la oposición y periodistas. Además, tras las revueltas que se produjeron en todo el país como respuesta al asesinato del conocido cantante oromo Haacaaluu Hundeessaa, el gobierno decretó el cierre de Internet y respondió duramente a los altercados que se produjeron. 

De hecho, el asesinato a finales de junio de 2020 de Hundeessa provocó gran conmoción en el país, especialmente dentro de la comunidad oroma. Se llegó a acusar al gobierno de estar detrás del asesinato producido en Addis Abeba. No obstante, aún no se han esclarecido los motivos de ello. Se han detenido sospechosos vinculados al Frente de Liberación de Oromo (OLF), mientras que el gobierno ha acusado al Frente de Liberación Tigtiño (TPLF) de incitar a la violencia. Dicha acusación sería extensible a otros activistas políticos que también estarían tratando de desestabilizar al gobierno y minar los avances en la convivencia. Sin duda, los sucesos del pasado verano han supuesto el mayor examen hasta la fecha al gobierno de Abiy Ahmed, y por extensión, al proceso etíope. Así las cosas, la dudosa capacidad del gobierno para salir airoso de esta situación y reencauzar la trayectoria del proceso de transición hacia la democracia ha generado mayor incertidumbre.

Los enfrentamientos que siguieron a la trágica muerte del artista se saldaron con al menos 164 muertos y más de 1000 personas detenidas, incluidas figuras destacadas pertenecientes a los grupos políticos de oposición oromos. Muchos de los detenidos lo fueron sin cargos demostrables. Las revueltas acabaron por convertirse en disturbios generalizados, saqueos e incendios que devastaron algunas ciudades. Además de ser un referente cultural de primer orden, Hundeessa es considerado un símbolo en la lucha pacífica contra la represión y marginalidad político económica sufrida por los oromos. Su activismo político fue a todas luces un elemento central en la consecución del cambio político que ha vivido la sociedad etíope en los últimos años. No se puede entender el camino de transición hacia la democracia sin la figura de Haacaaluu Hundeessa.

Ver: Haacaaluu Hundeessaa: A towering musician and an Oromo icon

La reacción del gobierno a las revueltas deja entrever un peligroso retroceso en la senda democrática y de respeto a los derechos individuales que había sido iniciada por el propio Abiy Ahmed. Su actitud antes los episodios de agitación social experimentados el verano de 2020 ha hecho saltar no pocas alarmas en cuanto a su capacidad para mantener el orden público. Su excesiva contundencia, con tintes represivos, ha recordado episodios del pasado reciente de Etiopía, que sería conveniente no repetir. 

Por otro lado, la crisis global producida por la COVID-19 no hace sino agudizar la situación de vulnerabilidad institucional que atraviesa en estos momentos el país africano. El Fondo Monetario Internacional ha reducido notablemente sus perspectivas de crecimiento, así como ha puesto a disposición de Etiopía un fondo de emergencia para hacer frente a la crisis. La agricultura, que supone un tercio del PIB del país, se ha visto profundamente afectada. Se prevé que la economía etíope sufra un grave revés debido a la crisis económica actual; provocando un grave impacto en los niveles de pobreza y seguridad alimentaria. La incertidumbre y la debacle económica pueden, lógicamente, propiciar la crispación social y aumentar la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía. Por lo que este hecho debe ser atendido con especial cautela por parte del gobierno, si no quiere ver aún más mermada su reputación. En un clima político tan inestable y volátil como el etíope, las consecuencias de una gestión ineficaz de la pandemia pueden traer consigo consecuencias políticas de gran trascendencia.  

A esta escalada de tensión hay que añadirle la decisión, por parte del ejecutivo, de posponer de forma indefinida las elecciones, que estaban programadas para agosto de 2020, debido a la COVID-19. Decisión que ha generado numerosas críticas, pues, se acusa al gobierno de aprovecharse de la situación provocada por la pandemia para dejar a un lado sus compromisos con respecto a la agenda democrática. La región de Tigray ha sido una de las que más firmemente ha rechazado el aplazamiento indefinido adoptado por el gobierno, llevando a comicios regionales a finales de septiembre. El presidente Abiy Ahmed tildó la celebración de dichas elecciones como un episodio inconstitucional e ilegal.

Ahora bien, estas no son ni mucho menos las únicas reticencias con las que se ha encontrado el gobierno tras su decisión de posponer las elecciones. Este episodio ha provocado una crisis de legitimidad que se ha visto acuciada por la concesión por parte del Consejo de Investigación Constitucional y la Cámara de la Federación de una prórroga indefinida de su mandado, sin establecer límites competenciales durante el periodo provisional. Esta decisión supone otro inquietante precedente, además de una oportunidad perdida en el avance hacia una consolidación democrática en Etiopía. La falta de dialogo con los grupos opositores a la hora de implementar medidas tan delicadas ha minado la confianza, no solo en las instituciones, sino en el propio proceso democratizador iniciado en 2018. Se acusa al partido del gobierno de manipular las instituciones para mantenerse en el poder.

Como se ha podido comprobar, la realidad etíope entraña una complejidad incontestable. La amalgama de identidades étnicas y sus históricas rivalidades generan un espacio de alta volatilidad política y social. Los episodios de represión de unas etnias sobre otras han provocado desigualdades estructurales, que deben ser abordados por cualquier proceso regenerador en Etiopía. Tras el triunfo de las reivindicaciones sociales en 2018 y la llegada al poder del gobierno actual, el pueblo etíope confió en una posibilidad de cambio real. Los intentos de llevar al país a un estadio democrático consolidado se han topado con un sinfín de obstáculos que han minado su impulso.

A tenor de lo expuesto, uno de los elementos de mayor peligro para la continuidad del camino etíope hacia la democracia es la falta de credibilidad y legitimidad en la que podría acabar incurriendo uno de sus grandes protagonistas: el presidente Abiy Ahmed. Sus últimas actuaciones dejan entrever tintes demasiado vetustos, que no deberían pasarse por alto por el bien del proceso en el que se halla inmersa la sociedad etíope. Dicho proceso, además de ser largo, conlleva vaivenes que pueden ponerlo al límite. Por el camino se encontrarán baches profundos que habrá que tratar de sortear y habrá que generar proyectos políticos inclusivos. No obstante, solo se conseguirá con una institucionalidad intachable. Está en mano de los dirigentes etíopes, en el ejercicio de la expresión de su diversidad, trabajar en la dirección de la reconstrucción y la convivencia.