¿Es necesaria una regularización masiva en España? Claves del debate actual
En los últimos meses, el debate sobre una posible regularización masiva de personas migrantes en situación administrativa irregular ha cobrado fuerza en España.
La propuesta, impulsada por una iniciativa legislativa popular (ILP) iniciada por el movimiento Regularización Ya y respaldada por más de 500.000 firmas, ha sido admitida a trámite por el Congreso de los Diputados.
El objetivo de la propuesta es claro: otorgar autorización de residencia a alrededor de medio millón de personas que actualmente viven y trabajan en el país sin papeles, muchas de ellas arraigadas, con hijos escolarizados o desempeñando labores esenciales en sectores como el campo, el cuidado de mayores o la hostelería.
Mientras sus promotores defienden que se trata de una medida necesaria, justa y realista, algunos sectores políticos y mediáticos la tachan de irresponsable o incluso de incentivar la inmigración irregular. El debate toca de lleno aspectos jurídicos, económicos, éticos y sociales, y pone a prueba el modelo de integración y convivencia que España quiere proyectar en los próximos años.
En este artículo analizamos qué significa una regularización masiva, qué antecedentes existen en España y en qué consiste la propuesta actual.
¿Qué es una regularización masiva?
Una regularización masiva es un procedimiento extraordinario, impulsado por el Estado, que permite a un amplio número de personas extranjeras en situación administrativa irregular acceder a una autorización de residencia y, en muchos casos, de trabajo, dentro del territorio nacional.
A diferencia de las vías ordinarias o individuales previstas en la Ley de Extranjería (como el arraigo social o laboral), este tipo de regularización se aplica de forma colectiva y generalizada.
No existe una definición legal única de «regularización masiva», pero en la práctica, se trata de una medida con carácter excepcional, temporal y motivada por razones sociales, laborales, humanitarias o estructurales. Puede estar impulsada por crisis económicas, necesidades del mercado de trabajo, presión migratoria, o incluso por decisiones políticas orientadas a corregir situaciones de exclusión prolongada.
Regularizaciones en España: Los antecedentes del arraigo.
A pesar del debate generado, esta propuesta no es la primera iniciativa similar que se lleva a cabo en España.
A lo largo de la historia de nuestro país, se ha llevado a cabo varias regularizaciones masivas desde los años 80.
Estas medidas han sido utilizadas por distintos gobiernos, como forma de gestionar la realidad migratoria en momentos de cambio legislativo, presión económica o necesidad de ordenar administrativamente a personas que ya residían en el país.
Listado de antecedentes
- 1986. El primer proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España fue impulsado por el Gobierno socialista de Felipe González, coincidiendo con la entrada en vigor de la primera Ley de Extranjería en España (Ley Orgánica 7/1985). El proceso estableció como único requisito acreditar la situación irregular en el país desde antes del 24 de julio de 1985.
- 1991. Cinco años después, el Gobierno de Felipe González puso en marcha la segunda regularización extraordinaria. Esta vez, además de la demostración de residencia, se debía presentar una oferta regular de empleo o un proyecto permanente y viable de actividad por cuenta propia.
- 1996, 2000 y 2001. Durante estos años, el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo hasta tres procesos de regularización. El primero, fue destinado para personas que hubiesen sido titulares de un permiso de trabajo o residencia con posterioridad. En el año 2000, el requisito de residencia previa se amplió también a haber iniciado alguna solicitud. Finalmente, en 2001, se estableció un proceso de regularización únicamente destinado a ciudadanos procedentes de Ecuador, debido a un accidente ocurrido en Lorca.
- 2005. Esta fue la última regularización hasta el momento, a manos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, se especificaron las condiciones de la oferta laboral, debiendo ser un contrato de al menos 6 meses de duración y de 40 horas semanales.
Figuras de arraigo cómo ejemplo
Estas regularizaciones extraordinarias no solo tuvieron efectos inmediatos sobre la situación administrativa de miles de personas, sino que también dejaron huella en el régimen general de extranjería en España.
Un ejemplo claro de ello es la consolidación de las figuras de arraigo, sobre todo laboral y social, hoy reconocidas como vías ordinarias para obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
Estas figuras de permisos de residencia son una respuesta institucional no solo a la situación administrativa de las personas migrantes, sino también a la realidad de la economía sumergida y a la integración social de hecho.
A través del arraigo, el ordenamiento jurídico reconoce trayectorias personales consolidadas que, aunque al margen de los cauces regulares de entrada, forman parte estable del tejido social y laboral del país.
No obstante, estas medidas no han estado exentas de críticas desde sus inicios. Algunos expertos advierten del posible “efecto llamada” que podrían generar, del riesgo de saturación administrativa, de situaciones de fraude en la tramitación, o incluso de su utilización con fines políticos.
¿Qué propone la iniciativa actual?
El proyecto de regularización extraordinaria actualmente en debate fue admitido a trámite por el Congreso en abril de 2024, a partir de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por una amplia base social.
Desde entonces, el texto ha permanecido sin avances significativos, aunque en 2025 el Gobierno ha retomado su tramitación con una propuesta concreta.
Inicialmente, se preveía establecer como fecha de corte el 31 de diciembre de 2023, pero en el marco de las negociaciones parlamentarias se ha acordado ampliar ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.
La medida consistirá en la concesión de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, que funcionaría como complemento a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo de 2025.
El procedimiento se desarrollará mediante un Real Decreto, que deberá concretar los requisitos exigidos para acceder a esta regularización.
Criterios adelantados
Entre los criterios ya adelantados se incluyen: acreditar la permanencia en España antes de la fecha límite, carecer de antecedentes penales, no estar sujeto a una orden de expulsión, y acreditar una situación de vulnerabilidad.
Por el momento, no se exigirá la presentación de un contrato laboral previo. No obstante, asociaciones y entidades humanitarias han expresado preocupación por la posible exclusión de solicitantes de asilo que han recibido una resolución negativa, lo que podría limitar el alcance de la medida.
Una vez que el texto obtenga la aprobación del Congreso, el proceso legislativo continuará en el Senado.
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno dispondrá de un plazo máximo de seis meses para aprobar el Real Decreto que establecerá los detalles procedimentales, los plazos y los requisitos definitivos para los beneficiarios.
La reactivación de esta propuesta legislativa refleja la tensión constante entre el diseño normativo y la realidad migratoria del país.
El desafío, más allá del contenido específico de la medida, reside en la capacidad del sistema jurídico y administrativo para ofrecer respuestas coherentes, eficaces y sostenibles a una situación que, aunque no nueva, sigue exigiendo soluciones estructurales.
Graduada en Relaciones Internacionales y Máster en Altos Estudios Internacionales y Europeos.
