¿Por qué está siendo investigada Begoña Gómez?
Pedro Sánchez se Niega a Declarar en el Caso de Begoña Gómez
Manos Limpias, una asociación cuyo objetivo principal es luchar contra la corrupción y promover la transparencia en la administración pública, interpuso una querella el 8 de abril de 2024 contra Begoña Gómez, esposa del actual Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
La querella se basa en un presunto delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 249 del Código Penal.
Según la acusación, Begoña Gómez habría proporcionado cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés, con el fin de que Red.es, una empresa pública vinculada al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, adjudicara contratos a las empresas Innova Next y Barrabés Ski Montaña, propiedad de Barrabés.
Durante el periodo comprendido entre 2017 y 2024, en el que Pedro Sánchez ha ocupado la presidencia del Gobierno, dichas empresas habrían recibido contratos públicos por un valor total de 22.952.991€.
Además, se alega que Juan Carlos Barrabés financió el Máster en Transformación Social Competitiva que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde también fue contratado como profesor.
Air Europa, parte de Globalia, se comprometió a pagar 40.000€ anuales al Africa Center, dirigido por Begoña Gómez y 15.000€ anuales en vuelos en primera clase a Gómez y su equipo.
Durante la pandemia, Air Europa Holding, también de Globalia, recibió ayudas del fondo de solvencia para empresas estratégicas por 475 millones de euros, a pesar de no cumplir los requisitos.
Se sospecha que estas ayudas se concedieron gracias a la influencia de Begoña Gómez.
En ese tiempo, Víctor Aldama, asesor de Globalia y contacto de Gómez, jugó un papel importante en estos negocios.
¿Cuál es el curso de la investigación?
El 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, inició diligencias previas contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada, decretando el secreto de sumario.
El 12 de abril, un particular denunció ante la Fiscalía Europea los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, financiados con fondos de la UE, y el 7 de junio el juez Peinado se inhibió, transfiriendo esta parte del caso a la Fiscalía Europea.
Peinado citó a Gómez el 5 de julio, pero la declaración se suspendió debido a la indefensión alegada por su abogado y se reprogramó para el 19 de julio, cuando Gómez se acogió a su derecho a no declarar, conforme al art. 118 LECRIM.
El juez Peinado citó a Pedro Sánchez para declarar como testigo el 30 de julio.
El 24 de julio de 2024, Pedro Sánchez solicitó declarar por escrito, basándose en el art. 412.2 LECRIM, que permite a ciertas autoridades, como el presidente del Gobierno, prestar declaración por escrito.
Sin embargo, Peinado rechazó esta solicitud, argumentando que la declaración debía ser presencial, según el artículo 412.3 de la LECRIM, y programó la declaración para el 30 de julio en el Palacio de la Moncloa.
Pedro Sánchez se ha negado a declarar, alegando que el art. 116 LECRIM establece que “Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil” están exentos de declarar.
Además, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez.
En septiembre, cuando se reanude el año judicial, se verá si se admite o no la querella.
Jurista e internacionalista. Paralegal y analista en RELACIÓNATEYPUNTO.
