COVID-19 en América Latina
La pandemia del COVID-19 en América Latina viene golpeando duramente a la región. En este contexto, para hacerle frente, se ha tenido que acudir a mecanismos excepcionales para asegurar condiciones sanitarias mínimas que buscan reducir los contagios y muertes. Sin embargo, estas condiciones de excepcionalidad, acompañadas de la falta de mecanismos de control y de transparencia, han propiciado un ambiente muy favorable para el surgimiento de actos de corrupción contrarios al interés público y que se ven reflejados en la pésima gestión de esta crisis por parte de las administraciones públicas en gran parte de América Latina.
Un artículo de Finacial Times de abril sostenía que la pandemia había expuesto una larga aflicción en América Latina: la falta de una efectiva capacidad estatal. Es importante mencionar que Latinoamérica ha sido la región más golpeada por Covid-19, tanto en términos humanos como económicos. De hecho, los países con mayor número de muertos por cada 100 mil habitantes son de la región latinoamericana. Ahora bien, parte de esa falta de efectiva capacidad estatal es la falta de transparencia en el manejo de la pandemia. Esto puede ser atribuido, por supuesto, no solo a la poca capacidad del aparato, sino a una clara voluntad y perfecta capacidad para ocultar información.
Así pues, diversos países de América Latina se han visto envueltos en escándalos de corrupción relacionados con el manejo de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, en febrero, se descubrió que Martín Vizcarra, presidente depuesto en noviembre por otros escándalos de corrupción en Perú, se había vacunado en absoluto secreto, junto a su esposa y hermano mayor, con vacunas destinadas al personal vinculado a la investigación que se venía realizando para autorizar el uso de la vacuna china de Sinopharm. De igual forma, habían sido vacunadas la ministra de salud – quien había prometido ser la última en vacunarse – y la de relaciones exteriores. Todos ellos formaban parte de lo que se denominó “Vacuna-gate”, en el que estaban involucradas unas 487 personas. A esto habría que añadir que el contrato con Sinopharm nunca se conoció por una supuesta cláusula de confidencialidad en la que el gobierno se amparaba para no remitirlo ni a la Defensoría del Pueblo, ni a la Fiscalía, ni al Congreso para las respectivas investigaciones.
Asimismo, en marzo, The Economist informaba de la ira de los paraguayos ante la corrupción en el manejo de la pandemia. De hecho, este artículo señalaba que los escándalos de corrupción alrededor de suministros médicos salían a flote por todos lados. En 2016, ReAcción, una ONG de Paraguay, con el apoyo de USAID, había creado una plataforma de transparencia para el sector salud en la que los ciudadanos podían hacer seguimiento de los procesos de compra, la utilización de los suministros médicos y dar aviso de la falta de medicamentos. Esta plataforma, sin embargo, fue dejada de lado sin ninguna explicación en 2019 y, por supuesto, no fue reactivada tras el estallido de la pandemia. De igual manera, cabría señalar el caso de Colombia. Ahí, las instituciones de control reportaron sobrecostos de hasta 1665% en los procesos de contratación en el contexto de la pandemia.
Estos casos expuestos nos llevan a discutir el tema de la transparencia como un mecanismo fundamental para la rendición de cuentas (accountability), con mayor razón en un momento de emergencia como el que estamos viviendo por la pandemia de Coronavirus. Este tema es de suma importancia, pues al hablar de rendición de cuentas, estamos haciendo referencia a un elemento importante para la calidad de la democracia. Los mecanismos de transparencia son fundamentales para un buen funcionamiento de la democracia.
La rendición de cuentas – accountability en inglés – tiene dos vertientes. Una es la rendición de cuentas horizontal y la otra, la vertical. La primera se trata del deber de proveer de información y explicaciones sobre decisiones y acciones públicas de una institución a otra; es decir, es una rendición de cuentas entre instituciones estatales, en un mismo nivel. El segundo tipo es el deber que tienen estas mismas instituciones, pero esta vez para con los gobernados. Además, la rendición de cuentas tiene dos finalidades. La primera es cubrir la necesidad de información sobre las decisiones adoptadas, lo cual también las legitima. La segunda es aplicar las sanciones correspondientes para reparar posibles conductas contrarias al interés público.
Aquí, podemos comenzar a apuntar al rol de la transparencia como facilitador de la rendición de cuentas. Las políticas de publicación de datos accesibles a la población son importantes para la mejora de la calidad de gobierno en relación proporcional a esa publicidad. Se trata pues de una publicidad que facilita la contraloría social de las instituciones a través de acceso a la información, máxime en momentos de crisis. Así, subraya Lorayne Finol que, la transparencia no solo es una condición de gobernanza, sino que es un factor de legitimación de las políticas públicas.
Bien, pues si estos mecanismos son de suma importancia en circunstancias normales, lo son más aún en contextos de desastre – o crisis – como la actual. Esto se debe a que la excepcionalidad, justificada por motivos sanitarios, ha instaurado tanto restricciones a las libertades individuales, como una ampliación de los poderes ejecutivos con casi ninguna supervisión. Esto ha dado pie a abusos como los mencionados en los ejemplos iniciales.
Todo esto convierte los contextos de crisis en el campo ideal para el surgimiento de actos de corrupción. Biderbost, Boscán y Rochin señalan tres componentes que hacen de las situaciones de crisis el perfecto escenario para estos actos delictivos. El primero es el flujo de recursos que se destina de manera excepcional para el manejo de la crisis. El segundo, la desesperación ciudadana que puede llevar a que se utilicen vías no institucionales e ilegales para atender a sus necesidades. La tercera es la desactivación de los mecanismos de control institucional.
Son de muchísima importancia, en estos contextos, las políticas de gobierno abierto para incrementar la legitimidad de las acciones adoptadas de cara a la pandemia. La importancia de la transparencia, en el caso específico de la pandemia, reside en que proporciona datos empíricos para las futuras administraciones, los cuales facilitan replicar determinadas políticas, modificarlas o rechazarlas. También, permite información utilizable para el desarrollo y la innovación con base en datos reales, no solo en el plano de la administración pública, sino también en el plano académico, estadístico, etc. Además, y, sobre todo, estas políticas de datos abiertos reducen el riesgo de corrupción puesto que permiten el escrutinio ciudadano. Esto reduce la opacidad de las medidas adoptadas e incrementa la confianza, tanto en las medidas mismas, como en las autoridades que las adoptan y ejecutan.
¿Cómo lograrlo? Primero, es básico asegurar el escrutinio institucional y social de las medidas adoptadas, a través, por ejemplo, de la autorización y control legislativo de las medidas de emergencia. Establecer objetivos claros para estas medidas, las cuales, además, deben ser específicas. Esto en cuanto al diseño de las medidas.
Con respecto a su implementación, es importante asegurar la transparencia en cuanto a la adaptación de normativas. Es de suma importancia también establecer mecanismos de control ex post en aquellas circunstancias en las que los mecanismos de control usuales se han suprimido o flexibilizado. Sobre todo, informar a la población acerca de las medidas y el acceso a estas.
Finalmente, en cuanto al monitoreo y evaluación de las medidas, son de suma importancia los reportes regulares sobre la implementación de estas y se debe involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en este proceso. Esto incluye una prensa independiente dispuesta a ejercer el debido derecho a informar y una población responsable y atenta a los asuntos públicos.
Máster en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho por la Universidad Pontificia Comillas – ICADE – especializado en el itinerario jurídico-político y especial interés en la política latinoamericana. Graduado en Derecho por la Universidad de Lima (Perú). Interesado en la historia, la música, la literatura, la política y el derecho.
