El conflicto interminable entre el Sáhara y Marruecos viene experimentando una escalada de tensión en las últimas semanas. La vulneración constante de la legalidad internacional y el bloqueo de Marruecos a una solución definitiva y pacífica del conflicto han vuelto a llevar la situación al precipicio de la guerra. El Frente Polisario ha renunciado al alto el fuego vigente desde 1991. Mientras tanto, miles de saharauis continúan viviendo alejados forzosamente de sus hogares. Nadie parece querer dar una alternativa al Sahara más allá de la sumisión ante Marruecos. Nadie excepto los propios saharauis. 

El 21 de octubre, y durante las dos semanas posteriores, un grupo de saharauis bloquearon la carretera de Guerguerat, al sur del Sáhara. Este paso resulta de relevancia extrema para las comunicaciones comerciales entre Marruecos y Mauritania. El Ejército de Marruecos penetró el viernes 13 de noviembre para expulsar los civiles saharauis que mantenían bloqueada la carretera. El Frente Polisario intervino y ambas fuerzas intercambiaron disparos, aunque no se registró ningún herido. En los días posteriores el Frente aseguró haber atacado diversas bases militares marroquíes y causado víctimas mortales. El Polisario ha roto el alto al fuego y decretado el estado de guerra.

El Frente Polisario reivindica la celebración del referéndum que lleva bloqueado más de cuarenta años, así como recrimina a la ONU su inactividad en la disputa, al permitir a Marruecos que mantenga e incremente sus transacciones comerciales en un territorio en disputa. La permisividad que se ejerce con respecto a Marruecos se traduce en un expolio de los recursos del territorio saharaui, que está ocupado de forma ilegal por el reino de Marruecos.  La abismal asimetría de fuerzas entre el Sáhara y Marruecos ha acabado por generar una situación de estancamiento del conflicto que beneficia a los intereses marroquíes puesto que, de facto, se permite la ocupación ilegal de un territorio. Este es un conflicto que desde su germen contó con la vulneración “aceptada” del Derecho Internacional y parece que, a día de hoy, nadie está dispuesto a hacer cumplirlo. 

El Sáhara occidental se mantiene en la lista de los territorios por descolonizar de la ONU. Siendo así, a este territorio al norte de África se le debería garantizar el derecho al ejercicio de su propia autodeterminación como pueblo, recogido en Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU Nº 1514. En ella, se establecían los parámetros según los cuales se debía proceder al desmantelamiento de los vastos imperios coloniales fraguados por las potencias europeas desde la Edad Moderna hasta la Segunda Guerra Mundial. La sociedad internacional se dotaba de este modo de una herramienta para que los pueblos de las colonias pudiesen decidir sobre su futuro político y desquitarse de las relaciones de dominación (efectiva) por parte de los Estados metrópolis. Comienza de este modo el inicio a la innumerable lista de independencias y los conflictos acarreados a las mismas alrededor del mundo. No todas las potencias coloniales acogieron con el mismo ímpetu este viraje en la propia percepción de los países y sus fronteras, pero el apoyo decidido del proceso descolonizador por parte de los líderes de los incipientes bloques hegemónicos la hizo imparable.  

No son escasos los episodios descolonizadores que acabaron convirtiéndose en conflictos armados, algunos de ellos incluso se llegaron a enquistar durante décadas. Uno de los más longevos es el del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas desde 1963, tras la transmisión de información sobre el Sáhara español por parte de España, de conformidad con el apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. España fue instada en 1973 por parte del Comité de Descolonización de la ONU a liquidar definitivamente sus últimos enclaves coloniales. Ese mismo año nacería el grupo armado Frente Popular de Liberación de Saguia al-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) para reivindicar la independencia del Sáhara Occidental. España, que llevaba años dilatando la efectiva descolonización sobre el Sáhara Occidental, se había comprometido en 1974 a la realización de un referéndum de autodeterminación sobre el territorio. 

Tanto Marruecos como Mauritania llevaban décadas tratando de reclamar su legitimidad sobre aquel territorio, alegando relaciones y vínculos jurídicos entre el Sáhara, Marruecos y el conjunto mauritano. Dicho contencioso sobre la condición de terra niullis o no del Sáhara al ser colonizado por España fue resuelto por el Tribunal Internacional de la Haya, que desestimó la existencia de vínculos jurídicos que modificasen la aplicación de la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General, referente a la descolonización <<y en particular la aplicación del principio de autodeterminación>>. No obstante, se reconocieron “ciertas obligaciones de obediencia tribales al sultán”; hecho que será según la interpretación marroquí de la sentencia, motivo más que sobrado para seguir reivindicado el territorio de la antigua colonia española como propio. Así pues, la sentencia, lejos acabar con el conflicto territorial, lo precipitó. 

Ver: López García, Bernabé (2014) “España ante el problema del Sáhara: por una solución magrebí”, Estrategia Exterior Española, Real Instituto el Cano 13/2014 – 21/3/2014

El rey de Marruecos convocó la famosa Marcha Verde, una movilización de 350.000 civiles enarbolando banderas marroquíes, acarreando retratos de su rey, Hasan II, y blandiendo como única ‘arma’ el Corán. Era el 6 de noviembre de 1975; el dictador Francisco Franco moriría el día 20 del mismo mes. La presión de Marruecos sobre España era cada vez mayor, y el régimen franquista se encontraba en un momento de delicadeza extrema. Juan Carlos I, futuro rey y sucesor del dictador se encontraba ejerciendo labores interinas de jefatura de Estado. De hecho, el monarca medió con el rey Hassan II y los Estados Unidos lo que acabaría siendo la futura cesión del Sáhara Occidental a Marruecos. La Marcha Verde significó la escenificación de una presión, una cobertura magnífica para un régimen que encontró así una excusa para entregar al Sáhara y a los saharauis. La huida de España del Sáhara se consumó de una forma ignominiosa, sin hacer frente a su responsabilidad internacional. 

El Acuerdo Tripartito de Madrid, acordado entre España, Marruecos y Mauritania, consolidaba la marcha definitiva de España de su colonia y enfatizaba su voluntad de eludir cualquier tipo de obligación con respecto al pueblo saharaui. Además de poner fecha a la salida del Sáhara Occidental por parte de España, el acuerdo señalaba la institución de “una Administración temporal en el territorio, en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a la cual serían transmitidas las responsabilidades y poderes” que ostentaba Madrid como potencia administradora. Más allá de la posible vulneración del propio derecho español en el modo de su tramitación y publicación, los Acuerdos de Madrid suponen un atropello expreso al Derecho internacional. España, en tanto que potencia administradora, solo podía contemplar dos opciones para desprenderse de su responsabilidad internacional: proceder a la descolonización realizando un referéndum de autodeterminación o no descolonizar, pero transferir la administración del territorio al Consejo de Administración Fiduciaria, de acuerdo con el artículo 77.1.c de la Carta de las Naciones Unidas. España, al no proceder bajo ninguno de estos supuestos, incurrió en una doble ilegalidad internacional. 

Además de las negligencias normativas que se le achacan, el arreglo tripartito ha sido objeto de especulaciones en torno a acuerdos secretos anexos al mismo. Dichos pactos habrían convenido la cesión por parte de España de todas las instalaciones para la explotación y exportación de fosfatos, así como el 65% de las acciones de la empresa Fos Bu Craa, que explotaba el preciado mineral. Como contrapartida, Marruecos permitiría que un número convenido de barcos españoles pudiesen continuar faenando según las condiciones de 1975. Asimismo, estos acuerdos secretos hablarían de la delimitación de las aguas españolas en el Atlántico occidental y establecerían la renuncia por parte de Rabat a la reivindicación sobre Ceuta y Melilla.  

Lo acordado en Madrid se nos presenta, por tanto, como un flagrante ataque contra la propia dignidad del pueblo saharaui y como el inicio de las constantes vulneraciones de la legalidad internacional, tónica que en lo sucesivo caracterizará el estatus del conflicto entre el Sáhara Occidental y Marruecos. De igual modo, nos constata la evidencia de que, más allá de la vinculación histórica o no del Sáhara Occidental con una estructura política u otra, los recursos naturales de los que dispone dicho territorio son, además de preciados, numerosos. El factor de la potencial rentabilidad económica de la explotación de los recursos naturales de un determinado territorio, vuelve a ser, en el caso también del conflicto que nos ocupa, un elemento sustancial en el desarrollo del litigo y el posicionamiento de los diversos actores internacionales

La hipoteca que España contrajo con Marruecos en los Acuerdos de Madrid ha jugado un rol central en las relaciones bilaterales a ambos lados del Estrecho. Las relaciones entre ambos países son, qué duda cabe, centrales en sus respectivas políticas exteriores. La necesidad de asegurar la buena sintonía con Marruecos ha llevado a España a tener que negociar aspectos clave en materia de seguridad e incluso soberanía. Se entiende por consiguiente la predisposición al acuerdo, dada la interdependencia mutua. Ahora bien, cabría también plantearse hasta qué punto debería tener cabida dicho afán hacia el entendimiento cuando se vienen produciendo desde hace ya décadas violaciones sistemáticas sobre un territorio y una población que no hace tanto tiempo poseía la nacionalidad española. La escueta, por no decir inexistente, implicación de España en los intentos de resolución del conflicto nos habla de una autoimpuesta pérdida de legitimidad española. El accidentado final de su ocupación y la falta de voluntad política por hacer cumplir el mandato de la ONU han situado a España en una posición de irrelevancia en el litigio. Asimismo, la inactividad española supone un apoyo implícito a las reivindicaciones marroquíes y por consiguiente un abandono más para el pueblo saharaui. 

A día de hoy, al consultar el estatus del Sáhara Occidental en tanto que territorio no autónomo, el Comité de Descolonización de la ONU no refiere la Potencia administradora a cargo del proceso pendiente de descolonización; en su lugar encontramos una llamada que nos aclara a continuación:

El 26 de febrero de 1976, el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas informó al Secretario General de que “el Gobierno español, a partir de hoy, da por terminada definitivamente su presencia en el Territorio del Sáhara y considera necesario dejar constancia de lo siguiente: … a) España se considera en adelante exenta de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración de dicho Territorio, habida cuenta del cese de su participación en la administración temporal establecida para el mismo ...”. (A/31/56-S/11997).

El Frente Polisario, tras la salida de las tropas españolas del territorio, autoproclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y entró en guerra con Marruecos y MauritaniaLos principales aliados del Frente Polisario eran Argelia, Sudáfrica y Cuba. Cabe mencionar el apoyo constante de los EE. UU. al reino de Marruecos, así como la simpatía con la que ha contado la monarquía alauí por parte de Francia y España. Ante el estallido del conflicto armado, decenas de miles de saharauis se exiliaron en unos campamentos cercanos a la localidad argelina de Tinduf, en pleno desierto. Esta situación de absoluta precariedad sigue vigente en la actualidad. El Frente Polisario firmó la paz con Mauritania en 1979. Pero con Marruecos se sumergió en una guerra de la que tardó 16 años en salir, hasta el alto el fuego de 1991, fecha en que fue creada la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, conocida como MINURSO. Esta Misión ha demostrado sobrada incapacidad recientemente para cumplir con su misión principal: le celebración del referéndum. 

Una de las mayores controversias que han vertebrado el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental ha sido la celebración del referéndum de autodeterminación; concretamente el censo que se debería utilizar en el mismo. Tanto la ONU como el Frente Polisario referían como válido el censo realizado por España en 1974, mientras que Marruecos solicitaba una actualización del mismo para que pudiese ser contabilizada la población marroquí desplazaba al Sáhara Occidental. Esta divergencia con respecto a cómo contabilizar la población susceptible de ser consultada ha estancado durante décadas el conflicto mientras que Marruecos ha ido gestando la ocupación ilegal de lo que considera sus “provincias del sur”. En la actualidad administra y controla el 80% del territorio.

Después de que la MINURSO hiciera público el censo en el 2000, Marruecos comunicó que nunca aceptaría un referéndum de autodeterminación, después de acusar de parcialidad a la ONU. Los posteriores intentos de resolver el conflicto por una “tercera vía” que admitiera la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero que, a su vez, garantizara de alguna forma la victoria marroquí en el mismo, protagonizados en especial por el exsecretario de Estado de los EEUU, y pese a favorecer claramente los intereses marroquíes, fracasaron por la intransigencia de este Estado, que no quería correr ningún “riesgo de perder” el territorio. Desde aquel momento las negociaciones están en punto muerto. Las resoluciones del Consejo de Seguridad exhortan desde entonces “a las partes a que reanuden las negociaciones bajo los auspicios del secretario general sin condiciones previas y de buena fe”,  pasando por alto que la única razón por la que no se resuelve el conflicto de forma definitiva es el rechazo de una de las partes, Marruecos, y el apoyo incondicional del cómplice necesario, Francia, que veta la posibilidad de que el Consejo de Seguridad imponga a las partes la aplicación del plan de 1991.

Ver: Kattya Cascante, Kattya (2020) “Sáhara Occidental, cambiar algo para no cambiar nada”, esglobal, 30 noviembre 2020

De hecho, Marruecos ha realizado diversas propuestas de integración del Sáhara Occidental bajo la forma de entidad autónoma dentro del reino marroquí. El conflicto lleva demasiado tiempo encallado y el Frente Polisario ha perdido capacidad de actuación. Ni la ONU ni la sociedad internacional en su conjunto han sido capaces de encontrar una solución a la problemática, pero con el paso del tiempo lo que ha acabado por imponerse es la difuminación de los orígenes de la contienda. Marruecos, en tanto que Estado con una infinita mayor capacidad de influencia y visibilidad en los espacios multilaterales, ha logrado que se olvide lo cuestión de fondo de todo este asunto: la no celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui en condiciones no alteradas y con garantíasLa ONU no se ha pronunciado en relación al referéndum eternamente pospuesto desde 2005.

El Frente Polisario no ha conseguido jamás que la MINUSRO examine la cuestión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Entre las 16 misiones de paz de la ONU solo la del Sáhara Occidental carece de poderes para evaluar esta situación. El Frente Polisario logró en 2018 que el Tribunal de Luxemburgo sentenciase que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos no se debería aplicar al Sáhara Occidental porque ese territorio “no forma parte de Marruecos”.  Pese a ello, en 2019 el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de pesca con Marruecos que incluye al Sáhara Occidental. La Unión Europea debería considerar la ilegalidad internacional en la que ha incurrido con la celebración de dicho acuerdo con Marruecos. 

Las reivindicaciones legítimas del Sáhara han quedado arrinconadas y olvidadas por la maquinaria diplomática marroquí y la de sus socios, especialmente Francia. Así las cosas, ante el continuo abandono de la comunidad internacional, la impunidad de las violaciones a la legalidad internacional y el expolio de sus recursos, no nos debería extrañar en modo alguno que los saharauis no confíen ni en las Naciones Unidas ni en la posibilidad de una vía pacífica de resolución del conflicto. El cese del alto el fuego es, no nos equivoquemos, responsabilidad de Marruecos, de la ONU y de todos aquellos que hemos venido mirando hacia otro lado durante ya demasiados años. 

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