La revolución de papel: ¿qué está pasando en América Latina?
El discurso que promueve el cambio constitucional como un medio para lograr una mayor democratización, basado en una “refundación” de la sociedad, a través del establecimiento de nuevos principios y valores constitucionales parece ser una constante en los procesos políticos latinoamericanos. De hecho, podríamos casi afirmar que este es un discurso propio de los países de América Latina, desde la llamada tercera ola democrática que tuvo lugar en eta región. Ahora bien, dados los resultados – que son bastante conocidos – cabe preguntarse si realmente existe tal relación entre el cambio constitucional y un mayor nivel de democracia.
La ola de protestas que estalló en Chile en 2019 tuvo fin con el acuerdo de cambiar la constitución vigente entre el gobierno y la oposición. Solo así se puso punto final a las protestas. En octubre de 2020, los chilenos, a través un referéndum, decidieron efectivamente cambiar la constitución. Desgraciadamente, diera la impresión de que se olvidaron de poner la misma atención en quién escribirá esa constitución. Cuando uno se va a someter a una cirugía de corazón, no busca al cardiólogo cirujano que se acaba de graduar de la Universidad, uno suele buscar al más experimentado. Esto responde a un sentimiento generalizado en América Latina de que un cambio de constitución implica necesariamente un paso a un mayor desarrollo, una mayor equidad y un mayor nivel de democracia. Del mismo modo, se evidencia la creencia en que rostros nuevos implican un mejor cambio.
Por otro lado, en Perú, el candidato de izquierda lleva como estandarte el cambio de constitución. Así pues, frente a su contrincante, la principal propuesta de este candidato es una nueva constitución “escrita por el pueblo”. Esta última frase refleja precisamente ese sentimiento de una mayor democratización. O, al menos, refleja lo que el público espera. Con esto, me refiero a que no es necesariamente el sentimiento del candidato, pero si el de quienes deciden su voto esperanzados en que este cambio constitucional les provea de un mejor futuro.
Así pues, esta corriente de demolición de constituciones pareciera plantear que la constitución es un puente al futuro y que efectivamente se construye ese futuro a través de su regulación constitucional. Para esto, la constitución debe romper de manera definitiva con el pasado que pareciera no haber traído nada bueno. Es decir, como refiere Mauricio García Villegas, la constitución acaba siendo una revolución en papel, la creación de una nueva sociedad a través de un documento fundacional. Se cree, de esta manera, que el derecho construye la realidad en lugar de regularla. La pregunta que naturalmente surge es si realmente esta relación entre cambio constitucional y democratización existe.
Para responder a esta interrogante, es necesario tener presente ejemplos de cambio constitucional en la región y que se promovieron bajo el mismo concepto de “refundación”. Los ejemplos más claros son Ecuador, Venezuela y Bolivia. Probablemente, tan solo mencionar estos ejemplos ya responde a la interrogante. Es pues ya conocido el increíble desencanto en estos países con sus “refundaciones”. Sin embargo, seguimos depositando nuestras esperanzas en esta revolución de papel.
Utilicemos, primero, el ejemplo de Ecuador para, luego extraer algunas conclusiones de él. El 7 de febrero de 1997 el parlamento ecuatoriano depuso a Bucaram por enajenación mental, este abandonó la capital, pero se siguió proclamando presidente; a la vez, el Parlamento designó al titular de la Cámara como presidente interino, Alarcón; y, por otro lado, la vicepresidenta Arteaga también se proclamó presidenta. En estas circunstancias tan caóticas, los tres presidentes se acusaban de haber violado el texto constitucional, el cual, a su vez, venía siendo interpretado al antojo de cada uno. Esto, evidentemente, menoscababa la legitimidad de dicha constitución. Finalmente, tras lograr el apoyo de las Fuerzas Armadas, Alarcón volvió a ser nombrado presidente interino por el Parlamento.
En este contexto, con una constitución pisoteada, surge el discurso de la “refundación” que se acaba concretando con la convocatoria a la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1998. Tan solo dos años más tarde, en 2000, un nuevo golpe de Estado depuso a Mahuad y tomó el poder Gutiérrez, quien a su vez fue depuesto en 2005. Nuevamente surgió el discurso de la “refundación”, esta vez con Correa a la cabeza. Esto culminó con la convocatoria a otra Asamblea Constituyente en 2007 y la Constitución de 2008.
En el caso boliviano, Morales llega al poder gracias al discurso de “refundación” radical que contó además con el apoyo de grupos sindicales, campesinos y diversos actores políticos. De hecho, siguiendo este discurso, entre 1978 y 2008 se redactaron 15 constituciones en la región latinoamericana. Así, tenemos, por ejemplo, la de Brasil de 1988, Colombia 1991, Paraguay 1992, Perú 1979 y 1993, Venezuela 1999, Bolivia 2009 y, por supuesto, las ya mencionadas de Ecuador de 1998 y 2008.
Es cierto que el discurso de refundación surge de periodos en los que la democracia se ve sumamente frágil y el texto constitucional deslegitimado. Además, suelen ser momentos en los que los problemas sociales se ven exacerbados – a veces, intencionalmente. Sin embargo, cabe preguntarse si la necesidad de una nueva constitución en estos casos responde a una necesidad de “refundar” o a una necesidad de legitimación de quien está asumiendo el poder, o quien quiere asumirlo.
Julie Massal escribe que es sorprendente ver que el discurso “refundacional” persiste hasta el día de hoy pese a que los obstáculos a una mejora en las circunstancias vienen dados de las mismas autoridades que, para ser elegidas, pregonaban la necesidad de un cambio de constitución. Es más, estas condiciones, que tendrían que haber cambiado con la “refundación”, se mantienen casi igual que antes de estos procesos de reforma. Massal concluye de esto que el papel de este discurso de “refundación” sobrepasa el realismo y cumple más bien un papel de legitimación de los actores políticos o de sus discursos de cambio radical, más aún cuando no pueden lograr la legitimidad electoral.
Si estos discursos de cambio constitucional responden más a una legitimación del actor y menos a la necesidad de un verdadero cambio de constitución, la pregunta que tendríamos que plantearnos ahora es por qué es que los latinoamericanos continuamos cayendo en este discurso. En mi opinión, dos son los principales motivos.
El primer motivo es una falsa creencia de que, como ya dije, el derecho tiene la facultad de fabricar la realidad. Más aún, existe la creencia de que el derecho tiene la facultad de crear una mejor realidad. Solemos depositar nuestra confianza en que la demolición de la anterior constitución es una ruptura absoluta – aunque simbólica evidentemente – con el pasado que se nos suele pintar como nefasto. A la vez la nueva constitución es la creación de un nuevo y mejor futuro. Cabe añadir un matiz más a este problema. Creemos en la necesidad de la ruptura con la constitución del pasado porque solemos creer que es un papel mojado en tinta que no se cumple en absoluto. Esto es en parte cierto y tiene que ver con el altísimo nivel de detalle con el que solemos redactar nuestras constituciones. Este nivel de detalle con el que pretendemos abarcar todos los aspectos del “nuevo futuro” responde precisamente a la creencia ya mencionada de estar fabricando una mejor realidad. Aunque también cabe mencionar la incidencia de los niveles de corrupción y malos manejos en los gobiernos en el cumplimiento de las disposiciones legales en general.
Sin embargo, hay que decir que la parte que no es cierta de este último matiz esta íntimamente vinculada con el segundo motivo que, a mi parecer, genera esta excesiva confianza en la “refundación”. Se trata del prácticamente absoluto desconocimiento de las constituciones. Por ejemplo, un sondeo de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) en 2019 reveló que 57% de los ciudadanos no había leído ni conocía los aspectos básicos de la constitución que quieren cambiar. De esta manera, es mucho más fácil crear la ilusión de que se necesita “refundar” la sociedad a través de la demolición de una constitución – que no se conoce – y la construcción de una nueva.
Estamos pues frente a un problema regional, pero, sobre todo, muy extendido en los países andinos. Y lo refiero como un problema porque la facilidad con la que cambiamos las constituciones no solo debilita y deslegitima a las propias constituciones, sino también la constitucionalidad en sí. Se trata pues de un método de legitimación política. Legitimación de los actos actuales y más aún de los que se piensan llevar a cabo – como en el caso de Venezuela o de Bolivia – un intento de revestir ciertos actos con un manto de constitucionalidad; una constitucionalidad previamente construida a medida aprovechando el discurso de la “refundación”.
¿Se puede hacer frente a esto? Por supuesto. Pero para eso es extremadamente necesaria la decisión política. Se debe promover el conocimiento de, al menos, los aspectos más básicos de las constituciones, a qué se refieren y cómo se pueden hacer cumplir. Son necesarias asignaturas de civismo en las escuelas que incluyan el aprendizaje de estos temas. Es tarea también de los medios de comunicación, difundir información veraz de la mano de verdaderos expertos en materia constitucional, por ejemplo. Finalmente, como en toda sociedad, es un problema que debe ser enfrentado por cada individuo que la compone.
Máster en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho por la Universidad Pontificia Comillas – ICADE – especializado en el itinerario jurídico-político y especial interés en la política latinoamericana. Graduado en Derecho por la Universidad de Lima (Perú). Interesado en la historia, la música, la literatura, la política y el derecho.
