El COVID-19: una política de Estado
La emergencia sanitaria originada por el COVID-19 ha tenido un impacto negativo e inmediato en las poblaciones de todo el mundo. Sus efectos han sido dramáticos desde el punto de vista de la salud, pero también desde el de la economía. De acuerdo con el último informe de julio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre las consecuencias del post COVID-19 en la región, los efectos incrementarán, el crecimiento caerá a menos de un 9,1 % y las exportaciones se reducirán alrededor del 23%. Se espera, además, que la tasa de desocupación regional se ubique en un 13.5 % al final de este año. La economía global va a tener su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial.
Ante este escenario, posiblemente, América Latina se encuentre en un proceso de mayor integración regional y no global; prueba de ello es que los requerimientos que se están dando son regionales, y que los procesos integracionistas de la región se han estado preparando para salir adelante en esta inédita situación. La lucha contra el COVID-19 se ha convertido en una política de Estado, y son los propios gobernantes, presidentes, jefes de Estado y primeros ministros los que han tenido que dedicarse a la mitigación y al control de los efectos de la pandemia para garantizar la salud pública de sus ciudadanos. Además de, crear concomitantemente medidas económicas que permitan evitar una caída estrepitosa.
El COVID-19 y los procesos de integración regional
El 12 de marzo del presente año los respectivos presidentes de los Estados miembros emitieron, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una declaración conjunta llamada “Centroamérica unida contra el Coronavirus”, mandatando la elaboración de un plan de contingencia regional que consta de cinco ejes: salud y riesgos, que busca complementar los esfuerzos nacionales ante el covid19; finanzas y comercio, que busca implementar medidas robustas para enfrentar los inminentes efectos económicos negativos, pero también para reactivar la economía conforme vaya creciendo la pandemia; seguridad, justicia y migración, que busca que en todos estos sectores se incorporen medidas de bioseguridad para enfrentar este virus, y, dos ejes estratégicos como el de comunicación estratégica, que busca sistematizar y difundir información oportuna y de forma articulada para la población sobre lo que se está haciendo para combatir la pandemia; y el de gestión y cooperación, que busca conseguir los recursos económicos a través del Banco Central Interamericano.
Por su parte, la Comunidad Andina (CAN) aprobó una Decisión para facilitar el comercio intracomunitario, promoviendo la digitalización y los procedimientos para acelerar la Agenda Digital Andina, y haciendo que los costos, los tiempos operacionales y los niveles de contacto se redujesen. En este contexto, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para ayudar en esta lucha y seguir impulsando las ruedas de negocio en formato virtual, creó e instaló en su portal una nueva herramienta informática para facilitar los encuentros entre empresas proveedoras y compradoras que decidiesen registrarse para comerciar productos relacionados con la salud en base a una lista que fue elaborada por la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Mundial de Aduanas.
Más allá, MERCOSUR, además de las medidas tomadas el 18 de marzo destinadas a frenar el avance del Coronavirus y minimizar su diseminación, aprobó un aporte de US$ 16.000.000 adicionales para el proyecto plurinacional “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud”, que serán destinados en su totalidad al combate coordinado contra el COVID-19. En el caso de la Unión Europea (UE), encaró cuatro prioridades institucionales fundamentales; limitar la propagación del virus, garantizar el suministro de equipos médicos, promover la investigación para la elaboración de la vacuna y apoyar el empleo a la empresa y a la economía. Recordemos que a inicios de la pandemia, la UE no actuó de forma conjunta ni con suficiente fuerza para combatirla.
Por lo tanto, la pandemia es universal, pero la integración latinoamericana es regional. Es decir, la pandemia será tratada desde nuestros Estados y mecanismos de integración. Los Estados son una figura política de grado superior en la evolución institucional de la humanidad, no solo por la Paz de Westfalia, sino porque, actualmente, son los responsables, en definitiva, de colocar en el circuito de las decisiones aquellas representaciones políticas que le han sido discutidas. El Estado ha sido revalorizado con la pandemia.
A la integración hay que devolverle esa atención con la realidad, esa relación con la sociedad, esa aproximación a los temas y a los seres humanos para que la integración deje de ser un modelo político y se convierta en un modelo social. Ese es el gran desafío de los mecanismos de integración de nuestra versión y de otras.
Más integración
Las pandemias per sé son destructivas. Aunque se supone que, con medidas restrictivas, se puede llegar a paliar el golpe para que las recuperaciones económicas sean más rápidas. Esta teoría rompe con la dicotomía salud vs economía. En su mayoría, los procesos de integración en América Latina tienen algún mecanismo de ayuda en materia de salud, un activo singular de las relaciones internacionales y particularmente, de la CAN, que desde 1971 cuenta con el Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS – CONHU), institución que coordina y apoya las acciones que realizan los países miembros, individual o colectivamente, para la mejora de la salud de sus pueblos. Este año, el ORAS-CONHU ha organizado cuatro reuniones a nivel ministerial con funcionarios de los Estados miembros especializados en la gestión del Covid-19: los cuatro integrantes de la CAN más Venezuela y Chile.
Los procesos de integración de la región latinoamericana no están exentos de una realidad compleja desde antaño, detenernos solo en la pandemia o en la pos pandemia quizás nos hace olvidarnos de las crisis de los procesos de integración ya sufridos, o mejor dicho, de los desafíos que nos llevan acompañando décadas. Aunque sí que es innegable que el COVID-19 ha acelerado algunos debates y ha generado la toma de decisiones de esas pérdidas de consensos y diferencias políticas que algunos procesos de integración aún tienen y que deben superar.
En un contexto más internacional también los organismos están enfrentándose a grandes desafíos; algunos como la ONU, la OMS, la OMC y la OEA están sometidos a una presión histórica. Recordemos que sobre el tablero internacional también está presente la puja por el liderazgo internacional de China y EEUU, actores clave en los procesos de integración de América Latina que deben consensuar en mínimos cuestiones como la tecnología 5G. Los procesos de integración deben cumplir un rol cada vez más flexible, superando las trabas políticas, aspecto central en el avance de la integración latinoamericana. De no llegar a coincidir en puntos estratégicos, no se podrá avanzar.
Conclusiones
En el caso del Mercosur, que no es supranacional, la inserción se considera a través de los mecanismos de integración. Es decir, modificar la agenda para incluir la alimentaria y la de salud, impulsando una política agrícola común. Latinoamérica es una región productora con capacidad para exportar. De crear un fondo agrario que ayude a lograr precios justos para productores y consumidores en la región, se podrán reducir y eliminar los excedentes. De esta forma, se alcanzará una agricultura mucho más competitiva y sostenible, y se dará la oportunidad de invertir en campos como los de la economía agropecuaria.
La integración no es un fenómeno artificial, la integración es producto de una geografía combinada con historia, con intereses, con derechos y con valores.
Licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Procesos de integración en la Universidad de Buenos Aires.
