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La crisis de los rohingya

Los rohingya son un grupo étnico musulmán no reconocido por el Gobierno de Myanmar como ciudadanos nacionales. Desde 2017, este grupo se ha visto obligado a huir masivamente a Bangladesh; aunque las innumerables violaciones de Derechos Humanos que sufre vienen de antaño. El gobierno birmano es acusado, por organizaciones como Amnistía Internacional, por delitos de genocidio y «limpieza étnica».

Los rohingya o rohinyá (debido a la hispanización del nombre por el que se les conoce) son un grupo étnico musulmán que habita en la zona occidental de Myanmar, un Estado del sudeste asiático que, desde 1989, pasó de denominarse Birmania a ostentar el nombre de República de la Unión de Myanmar. Concretamente habitan el Estado de Rakhine (Arakan en el pasado), frente al Golfo de Bengala, y haciendo frontera con Bangladesh, cuya religión predominante es el islam.

La religión predominante en Myanmar, por el contrario, es el budismo. Según datos de censo de 2014, un 87,9% de la población birmana practica dicha religión, mientras que el islam obtendría un porcentaje ínfimo, en torno al 4,3%. En el siguiente mapa podemos observar la citada región de Rakhine.

La región de Birmania fue tomada como colonia por el Imperio Británico en el siglo XVIII, como consecuencia de las guerras anglo-birmanas (1824 – 1885), convirtiendo el territorio en una provincia más de la “joya de la corona”: la India, al igual que Bangladesh. El 4 de enero de 1948 Birmania consiguió la independencia del Imperio (y de la India), decidiendo no unirse a la Commonwealth.

Para saber más sobre la partición de la India y la creación de Bangladesh puede consultar: ¿Cómo dejaron la India, Pakistán y Bangladesh de ser un mismo país?

En 1962, años después de la independencia, y tras un breve periodo de democracia de mano de U Nu (Primer Ministro de Birmania), cuando se garantizó sobre el papel un nivel de autonomía para los Estados étnicos minoritarios que no llegó a materializarse, el General Ne Win protagonizó un golpe de Estado, instaurando una dictadura militar y cerrando el país al mundo exterior. Durante este periodo, y de modo totalmente contrario a la democracia de Nu, se decretó a los rohingyas como “inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía” birmana, convirtiéndolos en apátridas y, por tanto, vulnerando cualquier convención sobre Derechos Humanos.

Según el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. La creencia que proliferó fue que este grupo étnico no pertenecía a Myanmar, sino que eran desplazados de la región de Bangladesh (la cual se independizó en 1971), de población mayoritariamente musulmana.

El origen de esta discriminación hacia los rohingyas no está nada claro, pero nosotros hemos tomado en consideración la hipótesis sostenida por el defensor de derechos humanos Benedict Rogers, quien considera que durante la Segunda Guerra Mundial se dio inicio a la problemática. Durante la misma, el Imperio Británico trató de utilizar a esta etnia como arma para luchar contra las tropas niponas, pero los rohingyas lo aprovecharon también para “defender al país en su contra”, destrozando las tierras de otras etnias budistas. 

Asimismo, añadido a las cuestiones coloniales vistas en el párrafo anterior, circunstancias como el incremento del rápido crecimiento demográfico de la población musulmana, o la conexión con grupos terroristas islámicos como Al-Qaeda o los talibanes de Afganistán puede representar amenazas que no quisieran verse materializadas por el Gobierno birmano actual.

De acuerdo con el Tatmadaw (Fuerzas Armadas birmanas): «A pesar de vivir entre pavos reales, los cuervos no pueden convertirse en pavos reales». Esta era la justificación que, sobre una población que durante generaciones había poblado las tierras de Birmania, eran vistos como intrusos y debían ser expulsados.

Fue durante la etapa de Ne Win (dictadura militar) cuando empezaron los primeros episodios realmente violentos a gran escala contra la etnia rohingya, empezando por la denominada “Operación Rey Dragón” (Operation Dragon King) en 1978. Los militares birmanos tenían como objetivo conducir a los migrantes ilegales y refugiados, no solo a los rohingya, pero a éstos especialmente, fuera del país. Aproximadamente 250.000 personas fueron desplazadas fuera de Birmania; sin embargo, hubo acusaciones por parte de las etnias minoritarias de la sucesión de actuaciones intimidatorias, de violaciones e incluso asesinatos, por parte del personal militar.

En 1982, la Ley de Ciudadanía otorgó la nacionalidad a unas 135 etnias, excluyendo a los rohingyas.

En 1989, tras el levantamiento popular que hizo que Birmania pasase a llamarse Myanmar, la institución gobernante aumentó la presencia militar en Rakhine, en especial la zona norte, obligando a los rohingya a ejercer actividades en régimen de trabajos forzados. Se les reubicó forzosamente y se les obligó a huir hacia Bangladesh.

En 1991 se llevó a cabo la Operación Nación Limpia y Hermosa (Operation Clean and Beautiful Nation), cuyo objetivo era similar al anterior: obligar a la población rohingya a salir del Estado de Rakhine. En este año se empezaron a configurar campos de refugiados al sur de Bangladesh, donde organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) empezaron a brindar servicios médicos a personas que vivían bajo condiciones infrahumanas.

Debido a estas operaciones que se fueron sucediendo durante el tiempo, se produjeron numerosas migraciones de esta población hacia Bangladesh, Tailandia, Malasia, o incluso Oriente Medio. Prueba de esto lo constituye una trágica noticia que se hizo famosa mundialmente mediante este titular: Asia’s new boat people (La nueva gente del barco de Asia), refiriéndose al hundimiento, el 25 de noviembre de 2007, de varias embarcaciones que transportaban alrededor de 240 rohingyas de contrabando con rumbo a Malasia en el Golfo de Bengala.

Más información en Asia’s new boat people

En 1992, los gobiernos de Bangladesh y Myanmar firmaron un acuerdo de repatriación forzosa de los rohingya, lo que llevó al cierre de los campos y a que a partir de otoño del mismo año miles de ellos fueran enviados de vuelta a Myanmar, prohibiéndoles la entrada a Bangladesh a los que intenten entrar como refugiados.

Por último, en 2012, dos olas de violencia produjeron numerosas muertes, heridos y viviendas destruidas.

El informe de Naciones Unidas sobre la crisis de los Rohingya

No fue hasta 2017 cuando la situación empezó a dar un vuelco que difícilmente tendría una rápida solución. Como apunta MSF, a consecuencia de que la milicia rohingya atacara varios puestos policiales y militares birmanos, el 25 agosto de 2017, comenzó una ola de violencia y terror contra el grupo étnico, volviendo a empezar los desplazamientos, pero esta vez a una escala mucho mayor. Varios periódicos y medios de comunicación, como El Diario en España, la BBC o la CNN hicieron eco de la ruptura de la tregua que había entre los rohingyas y el Gobierno birmano, y que ésta se rompió debido a los ataques de los primeros, llegando a ser calificados por las autoridades de Myanmar como “terroristas”.

El 27 de agosto de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas redactó un informe de mano de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar (IIFFMM), establecida en marzo de 2017 para investigar las alegaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad en Myanmar. El mandato de esta misión finalizó en septiembre de 2019.

En este informe la Misión califica al conflicto, al menos desde el 25 de agosto de 2017, entre el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA) y el personal militar y de seguridad birmano, como conflicto armado no internacional, lo que implica que le son aplicables las normas del Derecho Internacional Humanitario, de forma específica, y de forma más general, las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. El informe considera al Tatmadaw (Fuerzas Armadas birmanas) como el principal actor por parte del Gobierno birmano en este conflicto, el cual se pretende erigir como “protector de una nación bajo amenaza”.

Las entrevistas que los miembros de la Misión Internacional realizaron en el terreno, a la población de Rakhine en especial, evidencian las violaciones de Derechos Humanos a las que hacíamos referencia: trabajo forzado, confiscación de la tierra, arrestos y detenciones arbitrarias, violaciones a la integridad física y moral, a la propiedad, violencia sexual en el contexto del trabajo forzado, etc.

“En el estado de Rakhine, los musulmanes están como en una jaula, no pueden viajar al exterior. No existen derechos humanos para los musulmanes de Rakhine. No sé por qué Dios nos envió allí”.

Declaró una víctima.

Pero no solo el Tatmadaw era el único actor que brindaba violencia contra los rohingyas. También los budistas de Rakhine protagonizaron episodios de violencia “intercomunal” con sus vecinos rohingyas, que eran mayoría en el norte de la región, haciendo que la tensión aumentara dentro de la región entre sus pobladores. Poco a poco, los rohingyas iban quedándose cada vez más aislados y sin menos apoyos. 

Las Operaciones de limpieza a partir del 25 de agosto de 2017

Otra de las declaraciones de las víctimas, en relación a este día, hacía dilucidar que fue un cambio de rumbo en esta crisis: 

“Ese día se sintió como el último día de este mundo, como si el mundo entero se estuviera derrumbando. Pensé que había llegado el día del juicio”.

Para la Misión Internacional:

“Lo que sucedió el 25 de agosto de 2017 y los días y semanas siguientes fue la realización de un desastre de larga gestación. Fue el resultado de la opresión sistémica de los rohingya, la violencia de 2012 y las acciones y omisiones del Gobierno desde entonces. Provocó la desintegración de una comunidad”.

Tras los ataques del ARSA al personal militar y de seguridad birmano, y dejando 12 personales de seguridad muertos, la respuesta fue inmediata y de unas proporciones desmesuradas. El objetivo se convirtió en “eliminar la amenaza terrorista”. Como resultado de tales “Operaciones de limpieza”, sobre mediados de agosto de 2018, cerca de 725.000 rohingyas migraron a Bangladesh. Estas operaciones fueron llevadas a cabo no solo por el Tatmadaw, sino también por los radicales étnicos extremistas y los budistas de Rakhine.

Los métodos de actuación tuvieron como objetivo impregnar el terror en los rohingyas para provocar su huida fuera del país. Las operaciones se llevaron a cabo mediante el disparo de armas de fuego durante las horas de sueño, explosiones, destrucción de estructuras, campos, viviendas, y el disparo indiscriminado directamente a los aldeanos. MSF calcula una cifra aproximada de 6.700 rohingyas muertos en un solo mes, entre agosto y septiembre.

La limpieza étnica, el genocidio

Por genocidio, regulado en el art 6 del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), debemos entender las acciones encaminadas a destruir, total o parcialmente, a un grupo por motivo de su raza, etnia o religión. Estas acciones comprenden las siguientes: asesinato de miembros del grupo o lesiones graves a su integridad física o mental, sometimiento a condiciones de existencia que les acerquen a su destrucción, medidas destinadas a impedir nacimientos en su seno, y el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.

La limpieza o depuración étnica, por el contrario, es más cercana a la naturaleza de las migraciones forzadas, por cuanto no implica necesariamente una destrucción física o infligir un daño físico o mental al grupo, sino “depurar” el territorio de su presencia. Es por ello que las diferencias son muchas veces imperceptibles, por cuanto la subsunción en el genocidio es, mayormente, la regla general.

Por lo tanto, mientras que las primeras etapas de discriminación hacia los rohingyas podrían calificarse de limpieza étnica, a partir de 1962; desde 2012, o incluso años anteriores, la naturaleza del conflicto está prácticamente integrada en el crimen de genocidio, por cuanto encaja en la tipificación que hace el Estatuto. El fin último siempre ha sido la expulsión del grupo de Myanmar, lo que corresponde a la limpieza étnica; la violencia y los métodos utilizados de forma discriminada contra el grupo de los rohingyas, lo que lo acerca al genocidio.

Una de las principales conclusiones que la Misión Internacional hizo sobre estos ataques, fue que había suficientes pruebas para calificar a las actividades del Tatmadaw como de genocidio, siendo la CPI competente para determinar la responsabilidad por genocidio en relación a la situación del Estado de Rakhine.

A) Crímenes contra la humanidad

La nota esencial que caracteriza a los crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad es que son perpetrados como parte de un plan generalizado o sistemático contra la población civil, lo cual se corresponde con la política del Gobierno birmano, especialmente de sus Fuerzas Armadas. Por otra parte, queda constatado que los ataques fueron generalizados y sistemáticos y que recayeron sobre población civil.

B) Crímenes de guerra

Como anticipamos, la Misión calificó al conflicto como un conflicto armado no internacional, debido a la ausencia de extraterritorialidad en los elementos del conflicto. Por lo tanto, los crímenes cometidos en aras de la lesa humanidad y del genocidio, al haber sido cometidos por grupos armados, incluyendo determinados actos del ARSA (organización militar de los rohingya), satisfacen los requisitos y elementos que constituyen un crimen de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma.

El 11 de noviembre de 2019 la República de Gambia presentó un escrito ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Myanmar del crimen de genocidio sobre la población rohingya, en contravención de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio de 1948.

El 23 de enero de 2020 la CIJ emitió una orden de adopción de medidas provisionales por parte de Myanmar, dirigidas a asegurar la protección de los rohingya, debiendo tomar las medidas necesarias para prevenir de cualquier ataque de índole genocida, así como para preservar la existencia e integridad de las evidencias relacionadas con las alegaciones producidas en el caso. Myanmar debería informar de estas medidas al cabo de los 4 meses desde la fecha del fallo, como así hizo.

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de resolución de las objeciones preliminares que Myanmar el 20 de enero de 2021 planteó y que, dadas su naturaleza, deben resolverse antes de proceder a resolver en el fondo del asunto.

La mayoría de desplazados rohingyas se encuentran en el país vecino más próximo y más cercano a su religión: Bangladesh, donde se han desplegado centenares de campos de refugiados, pero que no cuentan con las condiciones necesarias para asegurar unas condiciones de vida idóneas, a lo que se le suma la pandemia provocada por el Covid-19 desde 2020.

Pero no solo la crisis sanitaria ha causado estragos en estos campos, sino también la crisis climática, pues varios de los campos de refugiados de Cox’s Bazar, una ciudad al sudeste de Bangladesh, cerca de la frontera con Myanmar, fueron arrasados en marzo de 2021 a causa de unos incendios en la región. Esta catástrofe provocó que aquellas personas perdieran sus viviendas, y que ahora se encuentren en una situación mucho más pésima de la que ya se encontraban.

Tal y como afirma Yanghee Lee, relatora especial de las Naciones Unidas, Bangladesh es el país que más refugiados rohingyas ha acogido, superando la cifra del millón de refugiados que viven en Cox’s Bazar (afirmaciones hechas en 2019), siendo comprensible, con tales números, que vivan más personas pertenecientes a este colectivo fuera que dentro de Myanmar.

Para saber más sobre el estado de los rohingyas refugiados puede leer el siguiente artículo: Caos, discriminación y violencia sexual dos meses después del incendio en Cox’s Bazar

En febrero de 2021 el Tatmadaw se hizo con el poder tras derrocar, en un golpe de Estado, a la líder electa, Aung San Suu Kyi, la cual fue premiada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 y que, sin embargo, defendió al Tatmadaw en sus declaraciones ante la CIJ en 2019. 

No obstante, los militares birmanos la acusaron de haber cometido varios delitos tipificados en el ordenamiento jurídico birmano, encerrándola en prisión y siendo ella ahora sujeto de un proceso judicial del que todavía queda esperar el resultado. Este golpe de Estado y la encarcelación de los líderes políticos tuvieron como respuesta inmediata la salida a las calles de la población civil, reivindicándose en contra del golpe y pidiendo la liberación de los encarcelados.

Este retorno del poder militar a lo más alto de la jerarquía política ha acrecentado las preocupaciones de la población rohingya. Actualmente se estima que siguen viviendo en Rakhine unos 600.000 rohingyas, y las telecomunicaciones les fueron cortadas tras el golpe de Estado, por lo que la preocupación aumenta a medida que lo hace el tiempo.

Todavía es pronto para saber cuáles serán las consecuencias del golpe de Estado y de la toma del mando del Tatmadaw, pero la historia no está, ni mucho menos, en favor de los rohingyas. Tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional tienen un interés en estudiar los hechos acontecidos en aras de hacer justicia y llevar la responsabilidad a los autores de los crímenes acontecidos. Sin embargo, la ruta más clara parece ser la de la CIJ, puesto que la Corte Penal depende en demasía de la colaboración de los Estados para efectuar sus investigaciones, mientras que la primera puede obtener ayuda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el procedimiento lleva un desarrollo mucho mayor.

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