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El impuesto conveniente

En la política, son recurrentes los debates y discusiones sobre los impuestos. Cuáles son los adecuados, qué cantidad deben gravar y en qué medida. No es para menos, teniendo en cuenta que el sistema tributario de los países cumple funciones tan amplias como importantes. Desde la financiación del Estado, el control de la economía y la persecución de la igualdad. Sobre esta última, se cree hoy día que no se hace suficiente esfuerzo, por lo que se han llegado a plantear impuestos a la riqueza. Y esa es la discusión en la que nos centraremos.

De por sí, el sistema tributario español tiene entre sus principios el de igualdad tributaria, que implica que se debe cargar con igual peso a las personas de renta más baja y más alta. De otra forma, el sistema no sería justo, y no llegaría a recaudar efectivamente (ya que las rentas más bajas no podrían cubrir su deuda tributaria). Es por ello que el sistema tributario español es, en su mayor parte, progresivo. Esto quiere decir que, según aumenta la renta del individuo, también aumenta el tipo de gravamen que pagará. Así se ha conseguido cumplir con la igualdad tributaria hasta ahora.

Sin embargo, la igualdad tributaria no llega a producir igualdad real hoy día. Las riquezas más grandes a menudo apenas se ven afectadas por dicha progresividad mientras que otras rentas más bajas siguen considerando abusivos sus impuestos. La desigualdad y mala distribución de la riqueza siguen siendo una lacra, más aún después de las pasadas crisis, por lo que se están planteando nuevas medidas.

Un aumento de la progresividad podría ser una alternativa (haciendo que los más pobres paguen algo menos, y los ricos algo más). Por otro lado, una medida que se ha estado sugiriendo recientemente es la de un impuesto a la riqueza. Elizabeth Warren, candidata del partido demócrata de Estados Unidos ha prometido la creación de un impuesto directamente dirigido a los más ricos. Según explica, consistiría en un tipo del 2% por las rentas por encima de los 50 millones, incrementándose hasta el 6% en las rentas que superen los mil millones. Esta declaración ha sido aplaudida por la izquierda del país y hasta algunos de los super-ricos, como Bill Gates. Considerando las concentraciones de dinero existentes en el país (se estima que Jeff Bezos, fundador de Amazon, gana alrededor de 2.500$ por segundo), esto sería un método posible para distribuir dichas cantidades.

Pero esta alternativa no escapa a las críticas. Las más comunes son en esencia las mismas que las aplicadas a los sistemas tributarios progresivos. Muchos los consideran abusivos, considerando que los impuestos progresivos actuales tienden a cargar de igual manera a las clases medias-altas y a las altas. Esto, sin embargo, no hace más que justificar un aumento de la progresividad en favor de dichas clases medias y la creación de impuestos a la riqueza.

En Estados Unidos, los dueños de las mayores fortunas consideran que los impuestos a la riqueza desincentivarían la inversión y la innovación, además de generar fugas de capital a otros países. Además, muchos también creen que causarían un aumento en la creación de paraísos fiscales la evasión de impuestos. Y aunque es posible, estas dificultades se podrían paliar con sistemas de recaudación más efectivos (como el Sistema Inmediato de Información del IVA que ha entrado en efecto en España) o con mayores uniones fiscales internacionales, sobre las que ya hemos hablado en el pasado.

Una de las críticas más conocidas es la que asume que los más ricos no deben ser cargados abusivamente con impuestos pues “se han ganado su riqueza con su esfuerzo”. Esta afirmación necesita muchos matices. En primer lugar, muchos multimillonarios no son administradores de las empresas de las que se benefician, sino que son dueños a través de acciones, de las que obtienen rentas.

Por otro lado, las grandes empresas y riquezas se sostienen sobre sistemas legales garantizados por los gobiernos. Katharina Pistor, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia, afirma que, ya que son las leyes y la autoridad de los Estados las que generan la base sobre la que se crean las fortunas, este aprovechamiento justifica los impuestos a la riqueza. Sin la protección legal de los diversos formatos empresariales o de los instrumentos financieros (en los cuales están expresadas las mayores fortunas), estas riquezas no tendrían garantía alguna. Pero esto se puede llevar un paso más allá, ya que también son los gobiernos los que proporcionan los entramados diplomáticos que generan relaciones comerciales fructíferas, mantienen a flote los sistemas financieros y monetarios, y promueven una economía activa.

Las nuevas propuestas para paliar la desigualdad son muchas. Es necesario poner todas las posibilidades sobre la mesa y hacer un análisis crítico exhaustivo para encontrar el camino adecuado. Los riesgos siempre existen, y cualquier teoría o previsión realizada puede ser desbancada cuando se entra en la práctica. Lo único seguro es que, el gobierno depende de las empresas tanto como las empresas dependen del gobierno, y para que un país funcione debe haber acuerdo, sin olvidar la meta última del Estado, la maximización del bienestar de sus ciudadanos.

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